“Quedate en casa” es la consigna que se repite en el mundo desde que se inició la pandemia de COVID-19, una consiga difícil de cumplir cuando esa casa no tiene las mínimas condiciones para que sus habitantes puedan desarrollar su vida cotidiana.
Teniendo en cuenta esta problemática, un grupo de profesionales, liderado por un investigador de la UNCUYO, ideó un proyecto que ganó financiamiento nacional para diseñar y construir habitáculos de emergencia que permitan ampliar el espacio del que disponen las familias del asentamiento San Agustín, ubicado en Guaymallén, con el doble objetivo de mitigar su situación de vulnerabilidad y de que puedan cumplir con el aislamiento.
El investigador del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía del CCT Conicet Mendoza y profesor de la carrera de Arquitectura de la UNCUYO, Jorge Alberto Mitchell, y Analía Manzur, profesional de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Guaymallén, explicaron a Unidiversidad los detalles de la iniciativa que fue seleccionada en la convocatoria del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología Covid 19, que financiará la Nación.
El proyecto se ideó con una mirada multidisciplinaria y eso queda de manifiesto en la conformación del equipo. Además de Mitchell y Manzur, lo integran Andrea Pattini, María Lorena Córica, María Victoria Mercado, Gustavo Barea, Claudia Martínez, Érica Correa, Ayelén Villalba, Noelia Alchaoar, Federico Berná Vaccarino, Javier Garro, Héctor Mercado, Carlos Abraham y Roberto Sosa (del CCT Conicet Mendoza); Romina Lucero, Alicia Vera, Darío Jofré y Patricia Ayllón (Municipalidad de Guaymallén); y Ana Ruiz y Nahir Manrique, estudiantes de la carrera de Arquitectura de la UNCUYO.
Mitchell, titular de la cátedra Vivienda de Interés Social de la UNCUYO, subrayó una de las características distintivas de la iniciativa, y es que las familias no serán meras espectadoras ni receptoras de los habitáculos, sino que integrarán el equipo de trabajo y aportarán sus conocimientos y expectativas.
Aunque todos los pobladores del asentamiento se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, en el proyecto se privilegió a los hogares monoparentales, con jefatura femenina, que tienen a cargo niños y niñas menores de 18 años, con posibilidad de ampliarlo a quienes conviven con personas con alguna discapacidad.
Una medida difícil de cumplir
Los primeros días de marzo de 2020, el Ejecutivo Nacional dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio, con el objetivo de intentar reducir la posibilidad de contagio del virus. Sin embargo, en algunas zonas fue difícil o imposible acatar esa decisión, debido a la situación de hacinamiento y a la falta de acceso a servicios básicos como el agua.
En el proyecto de los profesionales mendocinos quedó explicitada esa imposibilidad, en base a los datos del Relevamiento del impacto social de las medidas del aislamiento, realizado por investigadores del Conicet. El mismo determinó que las mayores dificultades para cumplir con la medida se concentran en áreas de la periferia del Gran Mendoza (barrios del Oeste de la Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras), así como en zonas urbanas integradas a cabeceras departamentales. Además resalta las dificultades que enfrentan niños y niñas para hacer sus tareas, no sólo por los problemas de conectividad, sino por falta de un espacio adecuado.
Con base en estos datos y con la premisa de que la pandemia no sólo puede ser pensada desde una visión médica, ya que tiene múltiples consecuencias en la vida cotidiana de las personas, el equipo ideó la propuesta de diseñar habitáculos de emergencia y brindar capacitación a quienes viven en el asentamiento y a integrantes de las organizaciones sociales que trabajan en la zona para lograr la ejecución, montaje y mantenimiento de los mismos.
Mitchell comentó que en el diseño del prototipo del módulo, que será un espacio multifuncional, se buscará que disponga de iluminación natural suficiente, de aberturas para la ventilación, así como la posibilidad de utilizar la radiación solar, para proveer una base de confort térmico a los ocupantes.
Los integrantes del equipo resaltaron en los fundamentos del proyecto, que si bien la construcción de los módulos está lejos de efectivizar el derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable, contribuiría a dignificar la vida de algunas familias
Una población joven
El asentamiento San Agustín, ubicado en Colonia Segovia, a 20 kilómetros del centro de Guaymallén, surgió hace 30 años y sus actuales pobladores son descendientes de quienes se instalaron por primera vez en el predio.
De acuerdo a un relevamiento que realizaron profesionales de la comuna, en el lugar habitan alrededor de 80 familias, cada una de las cuales está conformada -en promedio- por cinco miembros. La población es joven, con educación primaria y la mayoría se dedica a tareas rurales temporarias, por lo que durante los meses de invierno se enfrentan a mayores dificultades.
Los vecinos y vecinas viven en casas precarias, que construyeron con trozos de madera, cartón, pallets, cañas. En promedio, disponen de una superficie cubierta que no supera los 25 metros cuadrados, lo que dificulta la dinámica familiar, una situación de hacinamiento que se agravó con la pandemia.
Hace tiempo que los profesionales de la comuna tienen presencia en la zona, aunque hace tres años lo hacen en forma sistemática siguiendo distintos ejes de trabajo, como asesoramiento legal, gestión de pensiones, ayudas por discapacidad, DNI y asistencia con módulos alimentarios y escolares. Uno de los objetivos es lograr la regularización dominial, ya que actualmente el predio está a nombre de la municipalidad y la intención es escriturar a favor de los pobladores.
Las familias están organizadas y conformaron la Asociación Civil San Agustín, que articula distintas iniciativas con la comuna y con iglesias evangélicas de la zona.
Manzur, licenciada en Trabajo Social, subrayó que la propuesta no se limita a la construcción de un habitáculo, sino que busca generar un espacio de diálogo permanente con las jefas de hogar que serán las primeras destinatarias de los módulos. Comentó que el objetivo es empoderar a las mujeres como una condición indispensable para lograr la efectivización de sus derechos.